El porteñismo al palo pretende que, una vez más, que el ajuste sea pagado con la sangre, el sudor y las lágrimas de los vecinos del interior profundo del país. En el afán de manotear cuanto recurso haya, apretar a gobernadores y tomar cajas para seguir manteniendo la inviabilidad de la casta porteña, ahora pretenden nacionalizar la empresa minera catamarqueña y de la Universidad de Tucumán YMAD. No solo no es de ellos, y no representa un gasto para el Estado Nacional, sino que también, en sus últimos balances, la empresa evidencia excelentes ganancias. Nunca YMAD estuvo tan bien administrada como ahora. ¿Acaso a los de San Isidro les molesta que sea un catamarqueño el de la gestión empresarial exitosa? ¿A cual de los amigos del nuevo esquema del poder centralista se la habrán prometido? ¿Querrán escamotear el lito y el cobre, con el Proyecto MARA Agua Rica Alumbrera en ciernes?
Defensa política
Como lo hiciera semanas atrás en el plenario de las comisiones que trataban el
proyecto de la “Ley Ómnibus” enviada por el presidente Javier Milei, la diputada
Nacional por Catamarca, Silvana Ginocchio se volvió a expresar sobre la
privatización de Yacimientos Mineros Agua de Diosinio (YMAD), la cual aparece en
el listado de empresa que el Gobierno Nacional quiere privatizar.
Esta vez, la legisladora nacional se expresó en las redes sociales y allí manifestó
“no a la privatización de YMAD”, argumentando que la mismas “es un Ente
Interestadual, que nace de un pacto (Acta de Farallón Negro) y se rige por una Ley
especial”. Agregando, que “no puede ser asimilada a ningún tipo de sociedad ni empresa del
Estado Nacional (así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
distintas causas judiciales). Tampoco forma parte de la Administración Nacional y
no es una Empresa descentralizada del Estado Nacional».
En otro punto, Ginocchio sostuvo que YMAD “no precisa de recursos públicos para
subsistir, lo hace con recursos propios y tiene superávit” y que la misma genera
una importante cantidad de empleo formal.
“Pretender la privatización de este Ente es jurídicamente improcedente y denosta
un gran desprecio hacia el federalismo y una intromisión en asuntos de la provincia
y sus recursos naturales”, enfatizó.